Contratos colectivos: Simulan legalidad

Reforma , 25/07/05

Vacíos legales en materia de huelgas y una ley laboral endeble alientan la proliferación de contratos de protección, de los cuales existen muchos más que los imaginados.

De los 120 mil contratos colectivos de trabajo depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 90 por ciento son contratos de protección, es decir, son acuerdos entre la empresa y algún líder sindical simulado, de acuerdo con expertos.

“En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF, más del 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo depositados no se revisan nunca porque son contratos de protección firmados sin que se enteren los trabajadores”, asegura Néstor de Buen, en un análisis sobre la contratación colectiva en México.

En un documento sobre “Derecho colectivo de trabajo”, De Buen destaca que los contratos de protección se dan porque la ley no exige que el contrato colectivo de trabajo se discuta con los trabajadores antes de ser depositado en la Junta de Conciliación.

A nivel nacional, la Secretaría del Trabajo desconoce cuántos contratos están depositados en las juntas locales de cada entidad, porque la ley no obliga a consolidar las cifras, pero Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, coincide con De Buen en la magnitud del problema.

“De 10 contratos colectivos (depositados en las juntas de conciliación y arbitraje del País), nueve son de protección”, afirma el académico, en un estudio.

La celebración de esos contratos se ha convertido en un negocio, que cuesta a las empresas hasta 50 mil pesos al año, y proliferan por los vacíos legales en materia de huelgas y otras deficiencias de la legislación laboral, según abogados laborales que pidieron el anonimato.

El objetivo esencial de un contrato de protección, dijo Ricardo Martínez socio de Baker & McKenzie, es evitar que una empresa sin contrato colectivo de trabajo sea emplazada a huelga por seudo dirigentes sindicales,con el objetivo de extorsionarla Cuando esos “líderes” detectan una empresa sin contrato colectivo, emplazan a huelga por cualquier motivo. Luego, piden a la empresa entre 50 mil y hasta un millón de pesos por retirar la demanda de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La actual ley laboral permite a gente abusiva emplazar a huelga y hasta suspender operaciones de una compañía en la cual no existe un contrato colectivo de trabajo, aun cuando tal gremio no represente a los trabajadores, afirmó Luis Manuel Guaida, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Americana de Comercio Por ello, a decir de los abogados laborales, las empresas prefieren tener un contrato de protección y pagar de 5 mil a 50 mil pesos anuales y con ello evitar riesgo de quiebra.

Simplemente la declaración de existencia o inexistencia de una huelga puede llevarse más de 30 días, lo que para muchas compañías puede significar la muerte, añadieron.

Ricardo Martínez, de Baker & MC Kenzie, reconoce que jurídicamente es ilegal el contrato de protección, porque no representa a nadie, pero su depósito en la Junta se acepta porque no hay nada que obligue a la autoridad verificar que realmente esa dirigencia representa a los trabajadores.

Jorge del Regil, abogado laboral, coincide con Martínez, pues plantea que moralmente no es correcto un contrato de protección, aunque, agregó, tampoco lo es que no haya reglas para evitar la extorsión.

“Éste es un juego de veneno y contraveneno. El veneno es que la entidad sindical, y no los trabajadores, emplacen a huelga a una empresa; el patrón no tiene defensa, entonces recurre al contraveneno que la ley le da, y firma un contrato, que lo escuda”, detalló.

Sin embargo, para Arturo Alcalde, abogado laboral, los contratos de protección son ilegales porque no toman la opinión de los trabajadores ni los representan.

Los especialistas aseguran que mientras no se reforme la ley laboral, para que el sindicato demuestre su representatividad al registrarse y al emplazar a huelga, prevalecerán los contratos de protección.

También el patrón debería demostrar de alguna manera que sus trabajadores conocen el contrato, sugirieron.
(...)